El Sistema Nacional Anticorrupción Mexicano

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Después de más de dos años de haber sido creado, el pasado 19 de julio –con algunas asignaturas pendientes por resolver- entró en operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción en México, como un mecanismo de coordinación interinstitucional con amplia participación ciudadana para enfrentar de manera conjunta el problema de la corrupción que aqueja al país.

El Sistema fue creado a partir de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 que  facultó al Congreso Federal a emitir, reformar y abrogar diversos ordenamientos jurídicos para darle vida al mismo Sistema.

El primero de esos ordenamientos, todos publicados el 18 de julio de 2016, es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta Ley establece los principios y bases generales del Sistema, así como las políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de los actos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.

Para el funcionamiento del Sistema, la Ley establece un Comité Coordinador como responsable de vincular las acciones de las seis instituciones públicas que integran al Sistema. Se trata de la Secretaría de la Función Pública con facultades de investigación de presuntos actos de corrupción y responsable del control interno de la administración pública y la legalidad del servicio público, la Auditoría Superior de la Federación responsable de la fiscalización de los recursos públicos federales, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa con su sala especializada en actos de corrupción.

A estas seis instituciones se suma la figura del Comité de Participación Ciudadana, un cuerpo colegiado, integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, destacados por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional es entonces la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema. Compuesto por un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside y por los titulares de las seis instituciones públicas señaladas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción atribuye a este Comité seis atribuciones fundamentales orientadas a planear, discutir y aprobar la política nacional anticorrupción.

La primera atribución se refiere, como ya se indicó, a establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema; la segunda, a diseñar y promover políticas públicas contra la corrupción; la tercera, a determinar los mecanismos de información, bases y principios para la coordinación entre las autoridades de control y fiscalización; la cuarta, a la rendición de informes sobre avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia; la quinta, a formular recomendaciones – no vinculantes- para garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de la corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno; y la sexta, al seguimiento de sus recomendaciones.

Asimismo, el Sistema Nacional cuenta con una Secretaría Ejecutiva responsable de brindar la asistencia y apoyo técnicos necesarios al Comité Coordinador para el cabal desempeño de sus atribuciones.

Esta Secretaría Ejecutiva cuenta a su vez con un Órgano de Gobierno integrado por los miembros del Comité Coordinador y presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, un Órgano Interno de Control y una Comisión Ejecutiva conformada por el Secretario Técnico, que tiene a cargo las funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva, y por los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Otro ordenamiento derivado de la reforma constitucional anticorrupción es la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este instrumento constituye un marco jurídico moderno, vanguardista, pues si bien por su reciente entrada vigor no resulta oportuno ni pertinente evaluar los resultados de su aplicación, las disposiciones que lo integran responden a la realidad actual del servicio civil mexicano, toda vez que para su concepción, el Legislativo Federal consideró y tomó en cuenta una importante y ambiciosa iniciativa ciudadana conocida en México como la “Ley 3de3”.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas en una primera parte señala los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que deben regir el actuar ético y responsable de todo servidor público en México.

Tratándose del régimen de responsabilidades administrativas, esta Ley establece un catálogo de faltas en que puede incurrir el servidor público. Estas faltas son clasificadas en graves y no graves.

Entre las primeras se ubican el cohecho, el peculado, desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y la obstrucción de la justicia, mientras que las faltas administrativas no graves se constituyen solo por las acciones u omisiones por las que el servidor público incumpla o quebrante alguna de las obligaciones previstas en la misma Ley.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla también un régimen sancionatorio para los particulares que incurran en alguna de esas faltas, sanciones que van desde la económica hasta la inhabilitación para contratar con el Estado, sumado a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al erario público o al patrimonio de los entes públicos afectados, así como la suspensión de actividades, o bien la disolución de la sociedad tratándose de personas jurídicas infractoras.

La Ley determina además los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de las responsabilidades administrativas y crea las bases para que toda entidad pública establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

Un tercer cuerpo jurídico mandatado por la reforma constitucional es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 2007 y por consiguiente al órgano contencioso administrativo que regulaba.

Con la expedición de esta Ley Orgánica y en respuesta a la demanda social de dotar a México de un órgano efectivo y eficiente en la investigación y sanción de prácticas corruptas, se integra, organiza y pone en funcionamiento el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una de las instituciones pilares del Sistema Nacional Anticorrupción.

Este órgano jurisdiccional, independiente del Poder Judicial, con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, conoce ahora de los juicios que se originen por fallos en licitaciones públicas y el cumplimiento de los contratos celebrados por la Administración Pública Federal. Su competencia se ha ampliado para resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que impliquen la comisión de faltas graves por los servidores públicos y los particulares que hayan participado en actos vinculados con dichas responsabilidades en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas a la que ya se ha hecho referencia.

El cuarto instrumento jurídico necesario para la implementación del Sistema Nacional es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Esta Ley establece la organización y reglamenta las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación para conocer, investigar y substanciar faltas administrativas que detecte mediante la fiscalización de las operaciones que involucren recursos públicos federales con base en la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Derivado de sus investigaciones, la Auditoría Superior promueve entonces las responsabilidades que sean procedentes ante el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para la imposición de las sanciones correspondientes a los servidores públicos y/o particulares involucrados.

Sumado a lo anterior, como se señaló en un principio, la reforma constitucional no sólo instruyó al Congreso Federal a emitir los cuatro cuerpos normativos descritos anteriormente – Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sino también mandató al mismo Congreso a reformar otras legislaciones para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción.

En este orden de ideas, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República fue una de estas legislaciones que sufrió reformas y adiciones a sus disposiciones, siendo la más importante la creación de la nueva Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos de corrupción e instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas anticorrupción.

Otro ordenamiento que sufrió reformas y adiciones fue la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta Ley, al igual que la anterior, tiende a revitalizar y fortalecer, en este caso, a la Secretaría de la Función Pública como otro instituto necesario para el adecuado engranaje del Sistema Nacional.

A partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública cuenta ya con atribuciones que le permiten conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas y substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y ante otras autoridades competentes en términos de las leyes aplicables.

Asimismo, con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública adquiere nuevas atribuciones y responsabilidades para constituirse como la entidad toral del Sistema Nacional Anticorrupción, pues en ella recae la obligación de implementar, supervisar y dar seguimiento a las acciones, acuerdos, recomendaciones, planes y programas que emanen del Sistema y de su Comité Coordinador.

Por último y no por ello menos importante, el Legislativo Federal reformó y adicionó diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.

Entre los cambios sustanciales de esta reforma podría subrayarse la definición que el Código prevé del término “servidor público” como sujeto activo del delito.

En este sentido, a partir de la reforma se tipifican y perfeccionan conductas que generan responsabilidad penal de los servidores públicos, tales como el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, el peculado y el enriquecimiento ilícito; estableciéndose penas que van desde la privación de la libertad hasta la multa, pasando por el decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito y la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, endureciéndose dichas penas cuando los actos sean cometidos por policías y/o funcionarios aduanales o migratorios.

Todo lo anterior es apenas una breve descripción del contenido jurídico del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción mexicano. No obstante, como se dijo en un principio, quedan algunas asignaturas pendientes por resolver, muchas de ellas prioritarias para que el Sistema efectivamente comience a arrojar los resultados esperados.

El nombramiento del Fiscal Nacional Anticorrupción y de los Magistrados que integrarían el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa son temas medulares que se encuentran pendientes en la agenda del Senado de la República, así como que la totalidad de los Estados que conforman la Federación reformen en consonancia con el Sistema Nacional sus Constituciones y adopten sus respectivas leyes estatales anticorrupción, como debió hacerse antes del 18 de julio de este año.

El Sistema Nacional Anticorrupción es ambicioso, moderno y completo, sin embargo, para su efectivo funcionamiento se requiere el compromiso de todos para que logre alcanzar los objetivos para los que fue creado. Con un marco jurídico con estas características, perfectible como todos, México pone el ejemplo y reconoce que el combate contra la corrupción es una responsabilidad compartida del Gobierno y la ciudadanía y que la cooperación, la coordinación y el compromiso entre ambas partes es condición indispensable para combatirla eficazmente.


Rodrigo Cortés. Abogado, mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, México, con maestría en Administración Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. De 2002 a 2016 se desempeñó como oficial jurídico del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados (OEA) llevando a cabo acciones de asesoría jurídica y coordinación para apoyar al Mecanismo Anticorrupción de la OEA (MESICIC) en los análisis de la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción en Bolivia, Chile, El Salvador, Mexico, Paraguay, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas, incluyendo la realización de las correspondientes visitas in situ.  Actualmente se desempeña como Secretario de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Políticas y sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA. Ha participado en múltiples encuentros nacionales e internacionales relacionados con los proyectos de cooperación técnica que se desarrollan en el marco de la OEA principalmente en materia de lucha contra la corrupción y cooperación mutua en materia penal y contra el delito cibernético.

Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do Compliance Review. O Compliance Review não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações.

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